La visión inconstitucional del presidente traería de regreso una práctica racista a una ciudad que la prohibió hace décadas.
El Distrito de Columbia llevó a cabo su última ejecución en 1957. En abril de ese año, Robert Eugene Carter fue ejecutado en la silla eléctrica tras asesinar a un oficial de policía mientras huía de un robo.
En aquel entonces, la ley de la capital hacía obligatoria la pena de muerte para los condenados por asesinato en primer grado.
Si Donald Trump cumple su promesa, Washington podría volver a aplicar la pena capital. Durante una reunión de gabinete, el presidente aseguró:
“Si alguien mata a alguien en la capital, Washington, DC, buscaremos la pena de muerte”.
Lo dijo casi como un comentario al margen mientras hablaba de vender edificios gubernamentales a promotores privados para convertir a la ciudad en un lugar “libre de crimen”. Incluso repitió varias veces el juego de palabras “capital, capital punishment”, como si disfrutara del eco sonoro de una condena mortal.
Trump sostuvo que se trata de una “medida preventiva muy fuerte”, ignorando la abundante evidencia que demuestra que la pena capital no disuade el crimen. Aunque admitió que el país “quizás no esté listo”, insistió en que “no tenemos otra opción”.
Una medida inconstitucional y racista
La promesa de aplicar la pena de muerte a todos los asesinos en DC choca con precedentes de la Corte Suprema, que desde 1976 prohíbe las condenas automáticas. En aquel fallo, el juez Potter Stewart explicó que la pena de muerte debe considerar la historia y las circunstancias individuales del acusado, ya que lo contrario resulta “demasiado severo e inflexible”.
Además de ser inconstitucional, la propuesta reavivaría una de las prácticas más racistas del sistema penal estadounidense, justo en una ciudad donde más del 40% de los habitantes son afroamericanos.
Las estadísticas demuestran que los acusados negros son más propensos a enfrentar cargos capitales y recibir condenas a muerte que los blancos, especialmente cuando la víctima es blanca. También son más propensos a que sus ejecuciones se lleven a cabo —y a que se produzcan de manera fallida—.
Un mensaje político cargado de dominación racial
El criminólogo James Unnever ha documentado que existe una clara división racial en la opinión pública sobre la pena de muerte: la mayoría de los blancos la apoya, mientras que la mayoría de los afroamericanos la rechaza. Parte de esa diferencia se explica por actitudes racistas que asocian este castigo con la dominación.
Así, la retórica de Trump sobre “recuperar la pena de muerte” en Washington, junto con su idea de federalizar la seguridad en la capital, envía un poderoso mensaje de supremacía blanca en una ciudad de población mayoritariamente negra.
Vale la pena recordar que la última persona ejecutada en Washington fue un hombre negro de 28 años, condenado de manera obligatoria por el asesinato de un policía blanco.
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