Lo que comenzó como una celebración de la música dominicana se convirtió en una devastadora catástrofe. En las primeras horas de la mañana, durante una actuación multitudinaria del legendario merenguero Rubby Pérez, el techo del nightclub Jet Set colapsó repentinamente. Se confirma que varias personas han muerto y muchas más han resultado heridas.
Testigos describieron el momento del colapso como súbito y caótico, con algunos informando de una explosión poco antes de que la estructura cediera.
Los equipos de emergencia llegaron rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Escombros, metal retorcido e incredulidad llenaron el aire. Hasta el momento, la condición y paradero de Pérez siguen siendo inciertos, lo que añade aún más incertidumbre a un evento ya de por sí trágico.
Preguntas sin Responder y la Búsqueda de Responsabilidad
La atención ahora se centra en las preguntas críticas que siguen a cualquier desastre público: ¿Quién sabía? ¿Quién debía actuar? ¿Y quién será responsable?
Según la ley dominicana, los propietarios y operadores de establecimientos públicos como el Jet Set deben mantener edificios que cumplan con los estándares estructurales y de seguridad. Si el colapso fue resultado de advertencias ignoradas, infraestructuras obsoletas o el incumplimiento de los códigos de edificación, podrían surgir responsabilidades civiles e incluso penales.
Los investigadores examinarán los permisos, los registros de inspección y cualquier indicio de que este desastre pudo haberse evitado.
Al mismo tiempo, la atención se está desplazando hacia las agencias públicas encargadas de la supervisión. Si este establecimiento siguió operando a pesar de riesgos estructurales conocidos, la responsabilidad podría extenderse más allá del ámbito privado. Las lagunas en la inspección, las aprobaciones apresuradas o incluso la corrupción podrían estar bajo el microscopio en las próximas semanas.
¿Se Podrían Presentar Cargos Criminales?
Las posibles consecuencias legales son significativas. Si las pruebas demuestran que hubo negligencia, especialmente si se ignoraron preocupaciones de seguridad por parte de funcionarios o propietarios, podrían presentarse cargos penales como homicidio involuntario.
Casos similares en otros países han visto a propietarios de clubes, organizadores de eventos e incluso funcionarios gubernamentales procesados cuando la seguridad pública se vio relegada a favor del beneficio o la conveniencia.
Por ahora, los fiscales esperan los resultados de los informes forenses de ingeniería y las evaluaciones estructurales.
Creciente Crisis de Seguridad Estructural en la República Dominicana
A medida que se avecinan las demandas, entra en escena una capa más de complejidad: el seguro. Si el nightclub contaba con una cobertura adecuada de responsabilidad, esto podría determinar qué tan rápido las familias de las víctimas reciban compensación o si tendrán que enfrentar largas batallas legales en busca de justicia.
También surge la cuestión de la fuerza mayor, un término en los contratos que hace referencia a eventos imprevisibles. Pero cuando un techo colapsa en un edificio que podría haber estado estructuralmente comprometido, la defensa de «lo imprevisible» se vuelve más difícil de argumentar.
Estos debates probablemente se desarrollen tanto en las salas de los tribunales como en la opinión pública en los próximos meses.
La tragedia en el nightclub Jet Set no es el primer incidente en el que la seguridad estructural ha estado en el centro de atención en la República Dominicana. A principios de 2023, un almacén de muebles de cuatro pisos en La Vega se desplomó, lo que generó preocupaciones a nivel nacional sobre los estándares de construcción y la supervisión de edificios.
Ese mismo mes, una joven turista estadounidense, Domonique Gray-Berroa, falleció tras caer desde el techo de un bar en la Zona Colonial, otro recordatorio claro de los riesgos asociados a la falta de medidas de seguridad adecuadas.
Estos incidentes, al igual que el colapso en el Jet Set, señalan problemas más profundos en el sistema. Las deficiencias en la ejecución de las normativas, la infraestructura envejecida y los riesgos de seguridad pasados por alto destacan la necesidad urgente de una reforma integral en los estándares de seguridad de los establecimientos públicos.
